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CIP advierte sobre riesgos en el Proyecto de Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado

 

El Presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), Doctor Pablo Dávila Jaramillo, expresó, en el Foro de Socialización del Proyecto de Ley de Regulación y Control de Poder de Mercado realizado en la Asamblea Nacional, que la Cámara apoya la expedición de una Ley de Competencia en el Ecuador que respete y promueva la economía de mercado, la empresa privada y que consiga el bienestar del consumidor.

Dávila reiteró que la Cámara está dispuesta a participar activamente en el debate de la ley y a aportar con los estudios jurídicos y económicos que ha realizado sobre este tema; en ese sentido considera necesario hacer varias observaciones iniciales tanto al proceso de discusión y conocimiento, como al contenido mismo de la Ley. Al respecto señaló lo siguiente:

“No ha habido un proceso adecuado de discusión alrededor de esta iniciativa. El proyecto de ley que se encuentra en análisis en la Asamblea Nacional ha sido elaborado en ausencia de los sectores económicos y los consumidores”.

“Los actores privados deberemos competir con empresas públicas que no van a estar controladas por la ley, pues el proyecto de ley establece un régimen de excepción para las empresas públicas y para aquellas que estén dentro de sectores estratégicos, sin tipificar cuáles son estos sectores”.

“Estamos frente a una ley que abre la puerta a la existencia de una autoridad con poder discrecional, cuando una norma de este tipo debe estar en manos de una autoridad independiente. De la manera en que está planteada, la Ley le dará al Ejecutivo una potestad ilimitada. Por tanto, hay que corregir la discrecionalidad que se le está dando a las autoridades para regular la competencia”.

Dávila destacó que el sector empresarial está consciente de la importancia de contar una norma de esta naturaleza. "Lo que pretendemos es darle a las autoridades públicas los elementos necesarios para construir una normativa que no tenga ambigüedades de manera que el interés de beneficiar a los ciudadanos se aplique correctamente”.

El Presidente Ejecutivo de la CIP pidió a la Asamblea que los temas que despiertan mayor preocupación sean modificados. “El sector empresarial apoya la expedición de una norma que defienda la libertad de competencia, pero que sea coherente con los principios internacionales. La Ley debe limitar el poder del Estado, debe limitar la discrecionalidad de la autoridad de control y debe contemplar un período de transición, de manera que las prácticas empresariales puedan ajustarse al nuevo régimen de competencia sin causar perjuicios a la estabilidad económica y al empleo”, concluyó Dávila.

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